Qué puedes hacer para que la administración use software libre

Qué dice la ley española del software de la administración, qué hacen Italia y Alemania y cuatro cosas que puedes hacer, de firmar una carta a pedir datos.

En pocas palabras: la ley española obliga a la administración a reutilizar los programas que ya tiene, pero no la obliga a elegir software libre cuando compra. Desde fuera, cualquier persona puede hacer cuatro cosas, de menos a más esfuerzo: firmar la carta «Public Money? Public Code!», pedir por transparencia cuánto se paga en licencias, presentar una queja o pedir que se apruebe una norma como la de Italia.

Software libre es el que se puede usar para cualquier cosa, mirar por dentro, cambiar y pasar a otras personas. Por ejemplo, LibreOffice en lugar de Word.

Qué dice la ley en España

  • Compartir lo suyo. Una administración tiene que dejar a cualquier otra que se lo pida los programas que ha hecho o ha pagado y de los que tiene los derechos (Ley 40/2015, art. 157.1). Esos programas se pueden declarar «de fuentes abiertas», es decir, libres; no es obligatorio (art. 157.2).
  • Mirar antes de comprar. Antes de comprar, hacer o mantener un programa, la administración tiene que consultar el directorio de aplicaciones del Estado por si ya hay uno que se pueda reutilizar. Si lo hay, tiene que usarlo, salvo que justifique por eficiencia que no le conviene (art. 157.3).
  • El directorio. Todas las administraciones tienen que mantener directorios de aplicaciones para reutilizar, conectados con el del Estado (art. 158). El del Estado es el Centro de Transferencia de Tecnología, el CTT.
  • Cómo se ceden. Lo que una administración cede va, por defecto, gratis y sin convenio. Lo que declara de fuentes abiertas lleva una licencia con cuatro libertades: usarlo para cualquier cosa, ver el código, cambiarlo y pasarlo con las mismas libertades; si puede ser, la Licencia Pública de la Unión Europea (Real Decreto 4/2010, art. 16). Las aplicaciones reutilizables se publican en esos directorios, con el código fuente si son de fuentes abiertas (art. 17).

Lo que la ley no dice

Ninguna ley española obliga a preferir software libre al comprar. La obligación es reutilizar lo que ya tiene la administración, no elegir un programa libre frente a uno privativo.

Lo que más se acerca es europeo. El Reglamento (UE) 2024/903, conocido como «Reglamento sobre la Europa Interoperable», se aplica desde el 12/07/2024 (art. 23). Obliga a compartir, con quien lo pida, las soluciones que permiten que las administraciones de distintos países de la Unión se conecten entre sí (art. 4.1) y, al elegir una, a dar prioridad a las que no tienen licencias restrictivas, como las de código abierto, si son equivalentes en funciones, coste total y seguridad (art. 4.6). Es una prioridad, no una prohibición, y no habla de todos los programas de la administración: solo de los que sirven para esa conexión entre países.

Qué hacen en otros lugares

LugarQué hace¿Obliga?
ItaliaAntes de comprar, la administración compara las opciones, incluido el software libre, y solo puede elegir una licencia privativa si justifica que no hay ningún programa de la administración ni ninguno libre que le sirva (Código de la Administración Digital, art. 68). Además, tiene que publicar, con licencia abierta, el código de los programas que ha encargado (art. 69).Sí
FranciaLas administraciones «fomentan» el uso del software libre y de los formatos abiertos (Ley 2016-1321, art. 16). Diez años después, el Consejo Nacional del Software Libre francés (CNLL), que representa al sector, dice que ese fomento no ha cambiado las compras del Estado.No
Schleswig-Holstein (Alemania)En abril de 2024 anunció que cambiaba Microsoft Office por LibreOffice en toda su administración, y el plan de pasar unos 30.000 equipos de Windows a Linux. En septiembre de 2026, la Cancillería ya trabaja con Linux en más de 200 puestos, y el paso del resto de la administración todavía se está preparando.Decisión del gobierno
BarcelonaEn febrero de 2018, el primer ayuntamiento que firmó «Public Money? Public Code!».No

La tabla sirve para pedir algo concreto: «haced como Italia» es una petición con un modelo escrito. No dice si en esos lugares ha ido bien o mal: los resultados no se han mirado.

Qué puedes hacer tú

1. Firmar «Public Money? Public Code!»

Es la carta de la Free Software Foundation Europe, de 2017, que pide que el software pagado con dinero público sea libre. La puede firmar una persona y también una asociación, y cuesta cinco minutos en publiccode.eu. El 03/11/2026 la habían firmado 240 organizaciones y 39.349 personas. Suma peso a la campaña, pero no obliga a nadie a nada.

2. Pedir datos por transparencia

Cualquier persona puede hacer una solicitud de acceso a la información pública, sin explicar por qué: al Estado, por la Ley 19/2013, y a la Generalitat, por la Ley 1/2022. A la Generalitat se hace en la sede electrónica, con el trámite «Solicitud de acceso a la información pública». Tanto el Estado como la Generalitat tienen un mes para contestar, que pueden ampliar un mes más si la información es mucha o complicada. Si pasa el plazo sin respuesta, cuenta como un no (Ley 19/2013, art. 20; Ley 1/2022, art. 34).

Se puede preguntar cuánto se paga en licencias de software privativo y si se consultó el CTT antes de comprar, como dice el artículo 157.3. Da cifras reales y obliga a decir por escrito si se ha cumplido la ley. No obliga a cambiar nada, y la administración puede contestar que comprar licencias no es «adquirir una aplicación» y que el artículo no se aplica en ese caso.

Un modelo para copiar, cambiando el contrato:

Solicito, al amparo de la Ley 19/2013, de transparencia, y de la Ley 1/2022, de la Generalitat, de transparencia y buen gobierno, la siguiente información sobre el contrato <el contrato>:

  1. El importe total pagado o comprometido en licencias y servicios, año por año, durante todo el tiempo que cubre el contrato.
  2. Si, antes de contratarlo, se consultó el directorio general de aplicaciones reutilizables (Centro de Transferencia de Tecnología), como dice el artículo 157.3 de la Ley 40/2015, y con qué resultado.
  3. Si se hizo una comparación con soluciones de software libre, y el documento que la recoge.

Pido recibirla en formato electrónico.

3. Una queja o una sugerencia

Cada administración tiene su formulario de quejas y sugerencias. Basta con rellenar un formulario y da una respuesta por escrito, pero tampoco obliga a cambiar.

4. Una petición o una moción

Con el derecho de petición (Ley Orgánica 4/2001) se puede pedir al Ayuntamiento o a las Corts Valencianes que se haga como en Italia, o se puede pedir a un grupo político que lo presente como moción. Es la única manera de que cambie la norma, pero cuesta más: hace falta un texto y un grupo que la lleve, y el resultado depende de quién la vote.

En resumen

  • La ley obliga a reutilizar lo que ya tiene la administración, pero no a preferir software libre.
  • Italia sí obliga a hacerlo: es el modelo que se puede pedir.
  • Lo más útil desde fuera es pedir datos por transparencia: es gratis y tiene plazo.
  • Firmar «Public Money? Public Code!» son cinco minutos; la moción es lo único que cambia la norma.

Para leer más

Fuentes

Todas consultadas el 3 de noviembre de 2026.